El Gobierno publicó un borrador de decreto que modifica el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias. La propuesta establece un límite global de inversión en activos en el exterior del 30%, con un período de transición de hasta cinco años: tres años para reducir la inversión al 35% y cinco años para llegar al límite final. Según el decreto, esta medida busca dirigir el ahorro pensional hacia proyectos productivos en Colombia, incluyendo sectores como infraestructura y construcción, a través de un “banco de proyectos” que coordinará el Ministerio de Hacienda con las AFP, entidades públicas y el sector privado.

Varios analistas y expertos financieros han cuestionado esta medida por los riesgos que implica para los fondos de pensiones. Entre ellos, el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo advirtió que la implementación del límite global podría reducir cerca de 100 billones de pesos invertidos en el exterior, y obligaría a que casi la totalidad de los nuevos flujos de ahorro se destinen a activos nacionales hasta cumplir el tope, con un impacto directo sobre la diversificación de los portafolios.

El especialista señaló que concentrar los recursos en el mercado local aumenta la exposición de los fondos a riesgos políticos, económicos y regulatorios internos, afectando los rendimientos futuros y limitando los recursos disponibles para financiar las pensiones, especialmente para los trabajadores jóvenes.

Según el exviceministro, la medida funciona, en la práctica, como un impuesto implícito sobre el ahorro pensional, al restringir las oportunidades de inversión que tradicionalmente protegen el capital de largo plazo. Además, alertó que la creación del banco de proyectos y la canalización de recursos hacia inversiones nacionales abre la puerta a un uso político del ahorro, más allá de criterios técnicos de rentabilidad y seguridad.

El economista también destacó que la relocalización forzada de grandes volúmenes de capital podría generar distorsiones en los precios de activos locales, incluido el peso colombiano, y que estos efectos combinados incrementan el pasivo pensional, al reducir los recursos disponibles para cubrir futuras pensiones.

El decreto establece que las AFP deberán presentar un plan de ajuste a la Superintendencia Financiera en un plazo máximo de tres meses, detallando cómo implementarán el límite de inversión y cómo garantizarán la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos de los afiliados. Sin embargo, según el exviceministro, incluso con estas medidas de supervisión, los riesgos para el ahorro de los trabajadores permanecen, debido a la concentración obligatoria en activos nacionales y la exposición a la economía local.

Lea el borrador del decreto aquí

Créditos imagen: archivo editorial