Consejo de Estado frena provisionalmente traslado de $25 billones de fondos privados a Colpensiones

El Consejo de Estado frenó provisionalmente una parte clave del Decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, que ordenaba trasladar recursos de cuentas de ahorro individual desde los fondos privados de pensiones a Colpensiones.

La decisión se conoce después de que el alto tribunal admitiera una demanda de nulidad contra el decreto. Esa primera actuación abrió el estudio de legalidad. Ahora, con una medida cautelar de urgencia, la Sección Segunda suspendió por ahora el traslado anticipado de los recursos de afiliados que se cambiaron de régimen, pero que aún no han consolidado su derecho pensional.

La controversia gira alrededor de más de $25 billones de las personas que usaron la ventana de traslado prevista en la reforma pensional. Esa figura permitió que algunos afiliados pasaran de los fondos privados a Colpensiones, bajo condiciones como semanas cotizadas y cercanía a la edad de pensión.

El punto jurídico está en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Esa norma estableció que los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de quienes usaran ese mecanismo seguirían siendo administrados por las AFP hasta que se consolidara la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior.

Sin embargo, el Decreto 415 ordenó que esos recursos fueran trasladados a Colpensiones incluso cuando el afiliado no hubiera consolidado todavía su derecho pensional. Para esos casos, fijó plazos acelerados: 50 % en máximo 20 días desde la entrada en vigencia del decreto y el 50 % restante dentro de los 10 días siguientes.

Para el Consejo de Estado, en esta etapa preliminar, el Gobierno no se habría limitado a reglamentar la ley, sino que habría cambiado un punto esencial: el momento en que debe hacerse el traslado del dinero.

Por eso suspendió provisionalmente el artículo 2, en lo relacionado con el capítulo que ordenaba el giro de recursos de quienes no han consolidado su derecho pensional. La decisión no anula definitivamente el decreto, pero frena esa parte importante mientras avanza el estudio de fondo.


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