Por: Redacción Infocronos

Nicolás Maduro reapareció sonriente, vestido con ropa gris y haciendo con ambas manos señal de victoria. Son las primeras imágenes conocidas del exmandatario venezolano desde el interior de la cárcel de Nueva York donde permanece detenido desde enero pasado. Pero quedarse en la fotografía sería perder de vista la historia de fondo.

Mientras Maduro posa tras las rejas, Donald Trump está rediseñando la relación de Estados Unidos con Venezuela, asegura acceso de largo plazo a una porción gigantesca de sus reservas petroleras, mantiene a Delcy Rodríguez como interlocutora en Caracas y todavía no fija el momento en que los venezolanos volverán a elegir presidente. Todo ocurre, además, cuando Trump y el Partido Republicano se aproximan a unas elecciones legislativas de noviembre que pueden definir la capacidad del mandatario para gobernar durante los dos últimos años de su periodo. 

Las fotografías fueron publicadas este domingo 30 de agosto en las cuentas de Maduro y reproducidas por dirigentes del chavismo. Están fechadas el 25 de junio, más de dos meses antes de su difusión. Maduro aseguró en el mensaje que él y Cilia Flores permanecen “firmes” y que Venezuela “renacerá”. No existe evidencia pública que permita afirmar que la fecha escogida para divulgarlas haya sido concertada con Delcy Rodríguez o con Washington ni que las imágenes sean auténticas. La coincidencia política, sin embargo, es llamativa. Apenas dos días antes, Trump anunció lo que calificó como el mayor acuerdo petrolero de la historia. 

Las imágenes tienen, por eso, una dimensión simbólica que supera ampliamente el estado físico de Maduro. El hombre que durante más de una década concentró el poder venezolano ya no controla Miraflores, PDVSA ni las Fuerzas Armadas del vecino país. Enfrenta un proceso penal federal en Estados Unidos y su juicio está previsto para junio de 2027. Aun así, conservarlo como referente político puede resultar funcional para un chavismo que atraviesa una transformación mucho más profunda de lo que reconoce públicamente. 

La estrategia de Trump no comenzó con el acuerdo petrolero

Para entender lo que ocurre hay que regresar a enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a Cilia Flores en Caracas. Trump anunció entonces que Estados Unidos supervisaría Venezuela hasta que pudiera producirse una transición que calificó como segura, adecuada y prudente. Washington no desmontó de inmediato el aparato estatal que había acompañado a Maduro. Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidente, asumió como presidente interina conforme al mecanismo activado por las instituciones venezolanas y varios de los principales centros de poder del chavismo permanecieron funcionando.

Aquella decisión generó desconcierto entre quienes esperaban que la caída de Maduro desembocara inmediatamente en la entrega del poder a la oposición. La explicación estratégica llegó pocos días después. Marco Rubio, secretario de Estado, describió públicamente una hoja de ruta de tres etapas. Primero debía estabilizarse Venezuela. Después vendría una recuperación económica en la que las compañías estadounidenses tendrían acceso al sector petrolero. Solo entonces se avanzaría hacia una transición política.

Pero esa hoja de ruta venezolana no opera de manera aislada. Forma parte de una redefinición mucho más amplia de la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe. La Administración Trump ha vuelto a situar al hemisferio occidental entre sus prioridades de seguridad nacional y ha formulado lo que denomina el “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, una visión que busca reafirmar la preeminencia de Estados Unidos en las Américas y limitar la capacidad de potencias extrarregionales para ganar control o influencia sobre activos, infraestructura y espacios considerados estratégicos.

La lógica no se limita a evitar amenazas militares cerca del territorio estadounidense. También abarca energía, cadenas de suministro, migración, narcotráfico, carteles, infraestructura crítica y acceso de China, Rusia e Irán a sectores sensibles dentro del hemisferio. Venezuela reúne casi todas esas variables al mismo tiempo. Tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, una ubicación estratégica sobre el Caribe y durante años mantuvo estrechos vínculos políticos, militares y económicos con los principales adversarios geopolíticos de Washington.

El Pentágono profundizó públicamente esa orientación en julio al presentar ante gobiernos latinoamericanos una política de mayor involucramiento estadounidense en la región. Vista desde ese marco, la operación contra Maduro, la relación pragmática con Delcy Rodríguez y la entrada de capital estadounidense al petróleo venezolano dejan de parecer decisiones separadas. Empiezan a formar parte de una misma estrategia de recuperación de influencia en el hemisferio.

Ocho meses después, la secuencia resulta mucho más fácil de identificar. La primera fase consistió en impedir que la salida abrupta de Maduro produjera un vacío de poder, una fractura dentro de las Fuerzas Armadas o un colapso administrativo. En lugar de destruir toda la estructura existente, Washington optó por presionar a quienes ya controlaban el Estado para que actuaran dentro de un nuevo marco. Delcy Rodríguez fue adquiriendo margen de maniobra mientras figuras como Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino continúan ocupando posiciones relevantes.

Lo que acaba de ocurrir con el petróleo corresponde claramente a la segunda etapa anunciada por Rubio.

65.000 millones de barriles y un cambio en la estructura de poder

Trump anunció el viernes que Estados Unidos aseguró lo que llamó un “control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas mediante una asociación con capital privado. Esa cantidad equivale aproximadamente a una quinta parte de las reservas del país que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Los campos involucrados se encuentran principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco y la región del lago de Maracaibo.

La palabra “control” requiere una precisión fundamental. Venezuela no transfirió a Estados Unidos la propiedad de su subsuelo. Delcy Rodríguez sostiene que el Estado conserva la propiedad y la soberanía sobre los recursos. Lo que se está estructurando son derechos de explotación, participación económica y compra preferencial suficientemente amplios para garantizar a Estados Unidos una posición privilegiada sobre una producción futura extraordinariamente grande. 

Según la información conocida hasta ahora, el proyecto contempla 17 campos petroleros. Rodríguez habla de un proyecto bilateral con vigencia de 25 años y una meta inicial superior a 1,5 millones de barriles diarios exclusivamente dentro de ese esquema. Además, Caracas contempla desarrollar otros ocho bloques nuevos. El Gobierno venezolano estima que podrían llegar cerca de US$100.000 millones en inversión privada y calcula ingresos para el Estado cercanos a US$209.000 millones durante el desarrollo del proyecto, aunque esa estimación depende del volumen realmente producido y del comportamiento futuro del precio del crudo. 

Associated Press ha aportado detalles adicionales que muestran por qué todavía es prematuro hablar de una arquitectura contractual completamente esclarecida. De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por esa agencia, una nueva compañía vinculada al proyecto tendría derechos sobre los 17 campos por un periodo considerablemente más largo y Estados Unidos obtendría el equivalente al 55 % de la producción efectiva a través de una combinación de participación y derechos de compra de petróleo a costo. Caracas, en cambio, ha presentado el proyecto bilateral como un acuerdo de 25 años. Las dos figuras podrían corresponder a instrumentos jurídicos distintos, pero el texto integral de los acuerdos no se ha publicado y todavía existen interrogantes sobre su estructura financiera y constitucional. 

Ese vacío de información no es menor. Venezuela tiene una historia de nacionalizaciones, expropiaciones y disputas internacionales con compañías petroleras. La seguridad jurídica del nuevo modelo será decisiva para determinar cuánto capital estadounidense está realmente dispuesto a regresar. Analistas coinciden en que la infraestructura eléctrica, petrolera y exportadora del país necesita inversiones cuantiosas antes de que sea posible elevar considerablemente la producción. 

Chevron ya negocia la ampliación y adaptación de sus operaciones al nuevo marco. Otras compañías estudian su regreso, aunque algunas mantienen cautela por los antecedentes de expropiación y por la incertidumbre política. Venezuela produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, una fracción de su potencial y muy lejos de sus mejores registros históricos. 

Por eso el acuerdo debe entenderse en dos tiempos distintos. Su efecto energético estructural puede ser enorme, pero no será inmediato. Su utilidad política para Trump, en cambio, empieza desde ahora.

El otro reloj está en Washington y marca noviembre

El próximo 3 de noviembre Trump no estará personalmente en la papeleta, pero buena parte del futuro de su presidencia sí. Estados Unidos celebrará sus elecciones de medio término, en las que estará en juego toda la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. Para la Casa Blanca, conservar el control republicano del Congreso significa mantener capacidad para impulsar su agenda durante los dos últimos años del mandato. Perder la Cámara, en cambio, fortalecería a los demócratas, les entregaría el control de comités e investigaciones y reduciría considerablemente el margen político del presidente.

El escenario electoral muestra por qué la economía importa tanto. Una encuesta Reuters/Ipsos realizada entre el 14 y el 17 de agosto encontró que el costo de vida es, con diferencia, el principal factor que los votantes registrados dicen tener en cuenta para decidir su voto al Congreso. Lo señaló el 47 %, por encima de los valores y normas democráticas, la inmigración y el crimen. En ese mismo estudio, si las legislativas se celebraran en ese momento, 41 % de los votantes registrados respaldaría al candidato demócrata de su distrito y 36 % al republicano. 

Esa fotografía electoral se complementa con otro dato. La misma medición situó la aprobación general de Trump en 33 %, mientras 64 % desaprobaba su gestión. La economía aparece entre sus áreas más débiles y, específicamente frente al costo de vida, solo 23 % de los consultados aprobaba su desempeño. 

Ese contexto ayuda a entender por qué Venezuela tiene una dimensión electoral que trasciende ampliamente a América Latina. La guerra con Irán ha vuelto a poner la energía en el centro de la discusión y ha recordado la vulnerabilidad que supone para cualquier gobierno estadounidense depender de crisis originadas a miles de kilómetros de su territorio. El estrecho de Ormuz, por donde tradicionalmente circula cerca de una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas, vuelve a ser un punto especialmente sensible.

Asegurar una fuente adicional de crudo en el Caribe ofrece a Estados Unidos una ventaja de largo plazo. Venezuela está mucho más cerca de las refinerías estadounidenses que los grandes productores del Golfo Pérsico y posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Trump añadió este domingo otra pieza al anunciar que parte del petróleo venezolano será utilizado para comenzar a reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.

La operación encaja con la narrativa de America First. Trump puede presentar el acuerdo como una decisión mediante la cual Estados Unidos asegura energía dentro de su propio hemisferio, atrae capital estadounidense, fortalece sus reservas y reduce su exposición a las crisis de Medio Oriente.

Eso no significa que el nuevo acuerdo vaya a abaratar sustancialmente la gasolina antes de noviembre. Recuperar campos, infraestructura, capacidad eléctrica y transporte en Venezuela requiere tiempo e inversiones cuantiosas. La diferencia está entre el impacto económico inmediato y la utilidad política del anuncio.

Para Trump, la imagen que interesa proyectar antes de las legislativas es la de un presidente que, frente a una coyuntura internacional capaz de presionar los combustibles y el costo de vida, consiguió asegurar para Estados Unidos acceso privilegiado a una de las mayores fuentes de petróleo del planeta.

En una elección en la que el bolsillo aparece como la principal preocupación de los votantes, ese argumento tiene valor político incluso antes de que los nuevos barriles comiencen a llegar al mercado.

El petróleo explica mucho, pero no resuelve la gran deuda venezolana

La tercera etapa de la estrategia anunciada por Rubio sigue pendiente. Venezuela no tiene todavía fecha para una nueva elección presidencial.

Ese hecho resulta aún más significativo por el antecedente de 2024. María Corina Machado fue inhabilitada para competir y terminó respaldando a Edmundo González Urrutia. Después de la votación del 28 de julio, el organismo electoral proclamó a Maduro, pero la oposición consiguió copias de aproximadamente el 90 % de las actas y sostuvo que González había obtenido más del doble de votos. El resultado oficial fue ampliamente cuestionado internacionalmente. 

La captura de Maduro en enero eliminó al principal obstáculo personal, pero no resolvió automáticamente el problema institucional que produjo la crisis electoral.

Trump dejó clara su posición el 24 de julio pasado. Dijo que Venezuela todavía no está para celebrar elecciones y elogió el desempeño de Delcy Rodríguez. También aseguró que Estados Unidos observaría de cerca el proceso cuando llegara el momento de votar. 

Washington ha respaldado entretanto conversaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición para reformar las condiciones políticas antes de unas futuras elecciones. Por el oficialismo participa Jorge Rodríguez y la delegación opositora está encabezada por Dinorah Figuera. Entre los asuntos en discusión figuran cambios en el sistema electoral y judicial. María Corina Machado, sin embargo, no participa en esa mesa.

Su ausencia introduce una dificultad de legitimidad que Washington tendrá que resolver. No se trata de una dirigente marginal, sino de la figura que encabezó la reorganización opositora previa a las elecciones de 2024 y cuyo movimiento respaldó finalmente a Edmundo González. Una elección futura podría cumplir formalidades institucionales y, aun así, quedar políticamente cuestionada si los principales actores opositores no tienen garantías reales para competir.

La inquietud tampoco proviene únicamente de los demócratas estadounidenses. A comienzos de agosto, un grupo bipartidista de senadores encabezado por el republicano Ted Cruz y la demócrata Jeanne Shaheen impulsó una resolución reclamando elecciones libres, liberación de presos políticos y garantías democráticas para Venezuela. 

Ese debate permite distinguir dos escenarios que hoy continúan abiertos. El primero es que Trump esté aplicando una transición secuenciada. Se mantiene temporalmente parte del aparato estatal para evitar el caos, se recupera la economía, se modifica el sistema institucional y, una vez creadas mejores condiciones, se celebran elecciones competitivas.

El segundo es que la etapa transitoria termine adquiriendo vida propia. Cada mes que Delcy Rodríguez permanezca en Miraflores administra más recursos, nombra funcionarios, negocia inversiones, construye relaciones internacionales y gana capacidad de presentarse como la dirigente que estabilizó Venezuela después de Maduro. Reuters ya documentaba desde enero sus movimientos para consolidar posiciones dentro de la estructura estatal. 

El nuevo acuerdo petrolero puede acelerar ese fenómeno. Si Venezuela recibe inversión, recupera producción, mejora parcialmente sus ingresos y normaliza su relación con Estados Unidos antes de celebrar elecciones, Delcy podría llegar al eventual proceso electoral con un capital político muy distinto al que tenía cuando asumió interinamente.

Eso no permite concluir que Trump pretenda perpetuar al chavismo ni que haya renunciado a una transición democrática. No existe evidencia suficiente para afirmarlo. Pero sí permite señalar una tensión real entre estabilidad y democratización. Washington tiene ahora intereses económicos enormes vinculados con la continuidad operativa del Estado venezolano, mientras mantiene pendiente la definición de quién tendrá legitimidad democrática para gobernarlo a largo plazo.

Las fotografías de Maduro adquieren entonces otro significado

Maduro ya no dirige el Estado venezolano, pero todavía conserva utilidad como símbolo. El chavismo necesita explicar a su propia base una transformación difícil de digerir. El mismo sistema político que durante años construyó parte de su identidad alrededor de la confrontación con Estados Unidos está recibiendo capital estadounidense y negociando con una administración republicana el desarrollo de algunos de sus principales activos petroleros.

Delcy Rodríguez intenta resolver esa contradicción con una narrativa de soberanía. Ha insistido en que Venezuela conserva la propiedad de sus recursos y presenta el acuerdo como una herramienta para recuperar la economía después de años de deterioro. Al mismo tiempo, sectores oficialistas han protestado contra una eventual subordinación venezolana a Washington. 

En ese contexto, mantener vivo el símbolo de Maduro permite al chavismo sostener dos discursos que de otra manera resultarían difíciles de conciliar. Frente a Estados Unidos puede mostrarse pragmático, negociador y abierto al capital. Frente a su militancia puede insistir en que no ha renegado de su historia ni abandonado a quien todavía representa para una parte de esa base la continuidad del proyecto iniciado por Hugo Chávez.

No hay pruebas de que la publicación de las fotografías haya sido diseñada para cumplir esa función. Como lectura política, sin embargo, el efecto es evidente. Maduro aparece recluido por Estados Unidos precisamente cuando su antigua vicepresidente (hoy presidente) sella con ese mismo país el acuerdo económico más importante de la Venezuela pos-Maduro.

Una disputa que también involucra a China, Rusia e Irán

El acuerdo petrolero permite ver una de las aplicaciones más concretas de esa nueva doctrina hemisférica.

Durante años, Venezuela fue uno de los principales espacios de influencia de Rusia, China e Irán en América Latina. Moscú encontró allí un aliado político y militar a escasa distancia del territorio estadounidense. China convirtió al país en un importante receptor de financiamiento y petróleo, mientras Irán desarrolló vínculos energéticos, industriales y políticos con el chavismo.

La salida de Maduro y el nuevo modelo petrolero alteran esa ecuación. Washington no solo busca aumentar el flujo de crudo venezolano hacia el mercado estadounidense. También intenta que una parte creciente del capital, la tecnología, la financiación, la infraestructura y el destino comercial de esa producción vuelva a quedar vinculada al sistema económico occidental y, principalmente, a Estados Unidos.

Algunos de los activos y proyectos que ahora interesan a compañías estadounidenses estuvieron durante años asociados, directa o indirectamente, con capital o intereses chinos y rusos. Reducir esa dependencia tiene un valor que trasciende ampliamente la rentabilidad de cada campo petrolero.

Desde la lógica de Trump, la ventaja es doble. Estados Unidos fortalece su seguridad energética y, al mismo tiempo, reduce el espacio estratégico disponible para sus principales competidores dentro de una región que Washington vuelve a considerar prioritaria.

Ese elemento ayuda también a entender la aparente contradicción de negociar con Delcy Rodríguez. La política exterior de Trump no exige necesariamente afinidad ideológica a todos sus interlocutores. Opera bajo una lógica marcadamente transaccional. Si actores que antes cooperaban con adversarios de Estados Unidos encuentran ahora mayores beneficios económicos y políticos alineándose con Washington, la Administración busca modificar sus incentivos antes que esperar una transformación ideológica previa.

Esa es una forma bastante reconocible de realpolitik. Venezuela conserva un gobierno proveniente del chavismo, pero el centro de gravedad económico y estratégico del país empieza a desplazarse hacia Estados Unidos.

Colombia entra directamente en este nuevo tablero

La nueva doctrina hemisférica de Washington también ayuda a entender por qué Colombia adquiere un valor particular dentro de esta reorganización regional.

Abelardo De La Espriella llegó al poder con una política exterior mucho más alineada con Estados Unidos que la mantenida por Gustavo Petro. Desde su posesión comenzó a insertar al país en la nueva arquitectura de seguridad impulsada por Trump. Entre sus primeros movimientos estuvo la incorporación de Colombia a Shield of the Americas, mientras Washington anunció su intención de destinar cerca de US$1.000 millones en asistencia de seguridad al nuevo Gobierno colombiano.

La convergencia entre ambos gobiernos es evidente. Estados Unidos busca aliados capaces de combatir carteles, narcotráfico, terrorismo y organizaciones armadas dentro del hemisferio. De La Espriella llegó al poder, precisamente, con la recuperación de la seguridad y del control territorial entre sus principales prioridades.

El nuevo papel de Venezuela puede ampliar esa convergencia. Estados Unidos tiene ahora un interés económico directo en que el occidente venezolano y el Caribe permanezcan estables. Una expansión petrolera de la magnitud proyectada necesita seguridad alrededor de campos, puertos, carreteras, oleoductos, instalaciones eléctricas y corredores logísticos. Al otro lado de la frontera, Colombia enfrenta organizaciones armadas y redes de narcotráfico que durante años han aprovechado la porosidad de los más de 2.000 kilómetros que separan a ambos países.

Eso modifica el cálculo estratégico. Una organización que opere en la frontera ya no necesariamente amenaza solo la seguridad colombiana o venezolana. Si compromete infraestructura vinculada con las nuevas inversiones energéticas, puede afectar también intereses económicos estadounidenses.

Para De La Espriella se abre entonces una oportunidad de profundizar la cooperación con Washington en inteligencia, vigilancia fronteriza, interdicción aérea y marítima, tecnología, lucha contra el narcotráfico y operaciones contra estructuras armadas. Grupos como el ELN y las disidencias, que durante años encontraron ventajas en la geografía fronteriza y en las tensiones políticas entre Bogotá y Caracas, podrían enfrentar un entorno mucho menos favorable si Estados Unidos, Colombia y Venezuela encuentran razones distintas para coincidir en determinados objetivos de seguridad.

No se trata de asumir que surgirá automáticamente una alianza militar tripartita ni que desaparecerán las diferencias entre Bogotá y Caracas. Se trata de algo más concreto. Washington tiene ahora más razones para querer estabilidad en territorio venezolano, Caracas necesita ofrecer seguridad para atraer capital y Colombia necesita reducir la capacidad de las estructuras armadas para utilizar la frontera como retaguardia. La coincidencia de esos intereses puede crear un espacio de cooperación que hace pocos meses parecía improbable.

Ahí aparece también una advertencia para la derecha colombiana. Trump está demostrando que su política exterior hacia Venezuela es profundamente pragmática. Puede haber ordenado la operación que terminó con Maduro en una prisión estadounidense y, ocho meses después, negociar directamente con Delcy Rodríguez si considera que hacerlo protege los intereses de Estados Unidos.

Bogotá tendrá que entender esa lógica. De La Espriella puede mantener diferencias ideológicas profundas con el chavismo y, al mismo tiempo, necesitar coordinación práctica con Caracas en seguridad fronteriza, migración, comercio y crimen transnacional. Para Colombia resultaría poco estratégico asumir una confrontación con Delcy más rígida que la sostenida por el propio Gobierno estadounidense mientras Washington negocia directamente con ella.

La migración constituye otra dimensión. Colombia alberga aproximadamente 2,8 millones de venezolanos y De La Espriella ha anunciado un endurecimiento frente a extranjeros en situación irregular, particularmente cuando estén vinculados con delitos. Cualquier política de retorno de mayor escala requiere necesariamente la cooperación de Caracas. Al mismo tiempo, una recuperación económica venezolana podría modificar gradualmente los incentivos que durante años empujaron a millones de personas a abandonar el país.

También existe un desafío económico. Una Venezuela reconstruida volvería a competir con Colombia por capital energético. El vecino país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y ahora busca atraer decenas de miles de millones de dólares de inversión precisamente cuando el Gobierno De La Espriella pretende recuperar inversión en petróleo y gas y reactivar el potencial energético colombiano.

La cercanía política con Trump no garantiza que las compañías estadounidenses prefieran Colombia. El capital se dirigirá hacia donde encuentre recursos, rentabilidad, seguridad física y estabilidad jurídica. De La Espriella tendrá, por eso, el reto de convertir la afinidad política con Washington en ventajas económicas concretas.

La misma transformación puede abrir oportunidades. Cartagena y Barranquilla tienen cercanía geográfica, puertos, logística y servicios capaces de insertarse en parte de la cadena de suministros, ingeniería y operación que requeriría una reconstrucción petrolera venezolana de gran escala. Colombia puede competir con Venezuela por inversión y, simultáneamente, beneficiarse de su recuperación.

La oportunidad geopolítica para De La Espriella surge precisamente de esa combinación. Venezuela puede convertirse nuevamente en una gran plataforma energética mientras Colombia consolida su papel como principal socio de seguridad de Washington en el norte de Suramérica. Son funciones distintas, pero potencialmente complementarias dentro de la nueva arquitectura hemisférica que Trump intenta construir.

Lo que realmente está en juego

Las fotografías difundidas este domingo permiten ver a Nicolás Maduro dentro de una cárcel en Nueva York, pero el retrato geopolítico es mucho más amplio. Ocho meses después de su captura, Estados Unidos no ha desmontado por completo la estructura que sostuvo al chavismo ni ha precipitado una elección presidencial. Washington ha privilegiado hasta ahora la estabilidad del Estado venezolano, mantiene interlocución con figuras del antiguo aparato de poder y avanza en una reorganización económica cuyo componente más ambicioso es el regreso del capital estadounidense a una industria petrolera que concentra las mayores reservas probadas de crudo del planeta.

La estrategia puede terminar facilitando una transición democrática menos traumática que una ruptura inmediata, pero también contiene un riesgo. Mientras las elecciones continúen sin fecha, Delcy Rodríguez administra el Estado, negocia inversiones, fortalece relaciones internacionales y acumula capacidad política. La diferencia entre una transición secuenciada y la consolidación de un nuevo poder nacido del propio chavismo dependerá de decisiones que todavía no se han tomado, entre ellas la reforma de las condiciones electorales, las garantías para la oposición y la posibilidad real de que figuras como María Corina Machado participen en igualdad de condiciones.

El petróleo introduce una variable adicional. Estados Unidos ya no observa la estabilidad venezolana únicamente desde la democracia, la migración, el narcotráfico o la seguridad regional. Si los proyectos anunciados avanzan, tendrá intereses económicos de largo plazo vinculados con la producción, infraestructura y exportación de una porción considerable del crudo venezolano. Eso puede darle a Washington más capacidad para condicionar el rumbo de Caracas, pero también eleva el costo de cualquier nuevo periodo de inestabilidad política.

La operación encaja, además, dentro de una estrategia hemisférica más amplia. Trump ha vuelto a colocar a América Latina y el Caribe en el centro de la seguridad nacional estadounidense, con la intención de reducir el espacio ganado durante años por China, Rusia e Irán y recuperar influencia sobre sectores e infraestructuras considerados estratégicos. Venezuela reúne buena parte de esas variables en un mismo territorio. Tiene petróleo, posición privilegiada sobre el Caribe, vínculos históricos con adversarios de Washington y una crisis política cuya resolución puede alterar el equilibrio de poder en el norte de Suramérica.

Trump, sin embargo, también juega contra un calendario interno. El próximo 3 de noviembre Estados Unidos renovará toda la Cámara de Representantes y cerca de un tercio del Senado. Los republicanos llegan a unas legislativas capaces de determinar cuánto margen político conservará el mandatario durante la segunda mitad de su periodo. En un momento en que el costo de vida y la energía pesan sobre el electorado, el acuerdo con Venezuela le permite construir una narrativa de seguridad energética, recuperación de influencia en el hemisferio y defensa del interés estadounidense. Los barriles adicionales tardarán en llegar al mercado, pero la utilidad electoral del anuncio comienza mucho antes.

Para Colombia, este reordenamiento coincide con un momento excepcional de alineamiento con Washington. Abelardo De La Espriella llega al poder cuando Trump vuelve a priorizar el hemisferio occidental y cuando Venezuela empieza a reorientar parte de su estructura económica hacia Estados Unidos. Esa coincidencia puede darle a Bogotá una posición particularmente favorable si logra convertir la cercanía política en cooperación efectiva en seguridad, inteligencia, control fronterizo, narcotráfico e inversión.

La oportunidad no consiste en competir con Venezuela por cercanía con Trump. Los dos países pueden adquirir funciones distintas dentro del nuevo esquema regional. Venezuela tiene el potencial de recuperar su condición de gran plataforma energética, mientras Colombia puede reforzar su papel como uno de los socios de seguridad más importantes de Estados Unidos en Suramérica. La existencia de intereses estadounidenses crecientes del lado venezolano de la frontera incluso puede modificar la ecuación frente a organizaciones armadas y redes criminales que durante años aprovecharon las tensiones entre Bogotá y Caracas.

De La Espriella tendrá, sin embargo, que entender la naturaleza transaccional de la política exterior de Trump. La afinidad ideológica no garantiza privilegios automáticos. Washington negociará con quien considere útil para sus intereses, como demuestra su relación actual con Delcy Rodríguez. Colombia puede mantener profundas diferencias políticas con el chavismo y, al mismo tiempo, necesitar coordinación con Caracas en seguridad fronteriza, migración, comercio y crimen transnacional. Convertir esa realidad en ventaja exigirá pragmatismo sin renunciar a los principios políticos del Gobierno colombiano.

También habrá competencia. Una Venezuela nuevamente abierta a grandes inversiones petroleras disputará capital con Colombia. Las compañías estadounidenses decidirán en función de reservas, rentabilidad, seguridad y estabilidad jurídica, no únicamente por afinidades presidenciales. Al mismo tiempo, la reconstrucción venezolana puede abrir oportunidades para el Caribe colombiano en logística, puertos, ingeniería, servicios y cadenas de suministro. La capacidad de Colombia para aprovecharlas dependerá de decisiones económicas concretas y no solo de la buena relación entre Bogotá y Washington.

Por eso, las variables decisivas de los próximos meses no serán las próximas fotografías que salgan de la celda de Maduro. Habrá que observar si Trump termina poniendo fecha y condiciones a la transición electoral venezolana, qué espacio tendrán María Corina Machado y el resto de la oposición, cuánto poder acumula Delcy Rodríguez, cómo queda jurídicamente amarrado el acuerdo petrolero, hasta dónde consigue Washington desplazar la influencia de China, Rusia e Irán y qué ocurre con el control del Congreso estadounidense el 3 de noviembre.

Maduro aparece hoy haciendo la señal de victoria desde una prisión en Nueva York. Entretanto, quien fue su vicepresidenta negocia con Trump el futuro de decenas de miles de millones de barriles de petróleo, Venezuela continúa esperando una nueva elección presidencial y Colombia intenta posicionarse dentro del nuevo orden regional que empieza a tomar forma.

Esa contradicción, más que las fotografías, refleja el momento histórico que atraviesa el hemisferio.

Imagen portada: generada con fines ilustrativos.