Se cumple un mes de la captura de Nicolás Maduro, ejecutada el pasado 3 de enero por fuerzas de Estados Unidos. Desde entonces, Venezuela ha vivido una sucesión acelerada de decisiones políticas, económicas y diplomáticas que, vistas en conjunto, tienen un denominador común: el miedo que quedó en la cúpula del régimen a correr con la misma suerte de Maduro.
Nada de lo ocurrido en estas semanas responde a una conversión democrática del chavismo ni a un acto de conciencia de sus aliados. Todo es el resultado de la presión directa y explícita del gobierno de Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio como principal coequipero y ejecutor de la estrategia.
Maduro: preso y procesado
Maduro permanece detenido en una cárcel federal de Nueva York, acusado por narcotráfico, conspiración, narcoterrorismo y lavado de dinero. Ya tuvo audiencia inicial ante un juez estadounidense y su proceso penal avanza mientras sigue bajo custodia. Su captura no solo fue un hecho judicial, fue también un mensaje político contundente: “si fuimos por él, es posible ir por los otros”.
La captura y la implosión institucional
La captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores el 3 de enero se produjo en el marco de una incursión militar con bombardeos y acciones rápidas en Caracas. Pocas horas después, el Tribunal Supremo de Justicia declaró una vacante temporal en la Presidencia y designó a Delcy Rodríguez como presidente encargada, asumiendo funciones bajo presión y con la mirada puesta en las demandas de Washington de estabilidad y cooperación.
Secuencia de decisiones políticas, económicas y diplomáticas
- Liberación de presos políticos y proyecto de amnistía: antes incluso de anunciar medidas formales, el régimen empezó a liberar presos políticos de manera gradual —en algunos casos en muy malas condiciones— para reducir presión interna y responder a las exigencias de Trump y sus asesores. Recientemente se anunció un proyecto de Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional para institucionalizar y ampliar ese proceso.
- Anuncio del cierre de El Helicoide: sin dar mayores detalles, Delcy Rodríguez anunció que se cerrará El Helicoide, el tristemente célebre centro de detención del Sebin (la “policía” política de Venezuela).
- Reforma de la Ley de Hidrocarburos: a finales de enero, la Asamblea aprobó una reforma profunda de la ley petrolera, rompiendo con décadas de estatismo en la industria y abriendo la puerta a participación privada nacional y extranjera, arbitraje independiente y mayores incentivos fiscales —un cambio clave exigido por Washington para atraer inversiones y vincular a empresas de EE. UU. al sector energético venezolano. Esta transformación legal incluye el fin del monopolio absoluto de PDVSA, otorgamiento de mayor autonomía a productores privados y mecanismos para que los ingresos petroleros puedan gestionarse de forma más flexible, incluso fuera de controles estatales estrictos.
- Estrategia diplomática y reapertura de embajadas: el gobierno venezolano anunció y comenzó el proceso de reapertura de embajadas con Estados Unidos. Washington envió una delegación encabezada por Laura Dogu, y Caracas notificó que Félix Plasencia viajará a EE. UU. como representante diplomático, en el marco del restablecimiento de relaciones después de años de ruptura bilateral. La reapertura es parte explícita del plan que Washington y Caracas vienen negociando, con vigilancia permanente y un enfoque en agenda energética, comercial y política.
La diplomacia Trump–Rubio, Machado y la oposición
La líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, se reunió con Donald Trump y le entregó simbólicamente su medalla, reforzando la relación política entre la oposición democrática venezolana y la Casa Blanca —un gesto de legitimación que ha sido mencionado varias veces por Trump.
Entretanto, Marco Rubio ha explicado las tres fases del plan para la restauración total de Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y finalmente una transición política que conduzca a elecciones libres, reiterando que EE. UU. no descarta el uso de fuerza si las autoridades interinas no cooperan con la implementación de estas fases y sus exigencias.
Rubio también se reunió con Machado abriendo la puerta a que tenga un rol activo en la etapa de transición, aunque recordó que el control de las armas y las instituciones actualmente lo sigue teniendo el régimen, subrayando el equilibrio que Washington busca mantener entre presión y búsqueda de estabilidad.
Economía, sanciones y petróleo
Además de la reforma de la ley petrolera, Estados Unidos alivió sanciones específicas al sector de hidrocarburos para facilitar que empresas estadounidenses compren, transporten y vendan crudo venezolano —parte de una estrategia mayor para atraer inversión y asegurar que la industria energética del país se reoriente hacia, y bajo, normas de mercado occidental.
Estas decisiones económicas no surgieron de debates internos espontáneos en Caracas, sino de una combinación de presión política, algunos incentivos y condiciones impuestas por Washington para permitir que Venezuela acceda a mercados e inversiones que han estado cerrados durante años.
Em definitiva, a un mes de la captura de Maduro, el balance es claro:
Nicolás Maduro está preso en EE. UU. El sistema que lo sostuvo cede terreno por temor, no por convicción. Las reformas, amnistías y aperturas no nacen de voluntad interna, sino de la presión de Trump y Rubio. El chavismo residual entiende que obedecer es sobrevivir. Estados Unidos marca el ritmo y advierte que la paciencia es limitada.
Venezuela aún no ha alcanzado una transición democrática plena, pero transita el camino complejo hacia ella dejando señales evidentes de cambio, mientras Washington envía un mensaje inequívoco a la cúpula del régimen: o cumplen, o habrá una segunda fase de operativos aún más agresivos.
