Seguimiento Audiencia Imputación de cargos – jueves, 26 de marzo
🔴 Actualización 4:50 p. m.
La Fiscalía precisó durante la audiencia que la conducta investigada se habría materializado en el momento en que los títulos fueron incorporados en el sistema de información del empleo público (SIGEP), al considerar que ese acto permitió acreditar requisitos que, según su hipótesis, no se cumplían.
El ente acusador también confirmó que desistió de solicitar medida de aseguramiento, por lo que el proceso continuará con los imputados en libertad.
En el mismo expediente fue imputado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución universitaria relacionada con los títulos cuestionados.
🔴 Actualización 4:20 p. m.
En el desarrollo de la audiencia, Juliana Guerrero no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y se declaró inocente dentro del proceso por el uso de títulos académicos cuestionados.
Con esta decisión, la exasesora del Ministerio del Interior mantiene su defensa frente a los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público que le atribuye el ente acusador.
La diligencia continúa en etapa de imputación ante un juez de control de garantías, sin que hasta el momento se haya adoptado una decisión de fondo dentro del proceso.
🔴 Actualización 4:00 p. m.
La audiencia de imputación contra Juliana Guerrero avanza ante un juez de control de garantías en Bogotá, en el proceso penal por el uso de títulos académicos que posteriormente fueron anulados.
En esta diligencia, la Fiscalía expone los hechos por los que busca imputarle cargos a la exasesora del Ministerio del Interior, dentro de un expediente que gira alrededor de la validez de los diplomas que presentó en trámites oficiales.
Durante la audiencia, el ente acusador ha planteado que Guerrero habría actuado con conocimiento de la irregularidad de esos títulos, al señalar que “sabía de lo fraudulento de sus acciones”. Este punto es central dentro de la hipótesis de la Fiscalía, en la medida en que apunta a sustentar la existencia de dolo.
La imputación se encuentra en curso y se centra en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con la presunta incorporación de información irregular en actuaciones ante el Estado.
El origen y las claves del escándalo
El caso de Juliana Guerrero se origina a partir de cuestionamientos sobre su hoja de vida en medio de su llegada al Viceministerio de Juventudes, en 2025. Lo que inicialmente fue un debate sobre el cumplimiento de requisitos para el cargo derivó en actuaciones administrativas y, posteriormente, en un proceso penal.
Las primeras dudas surgen cuando se advierte que la información sobre su formación académica había cambiado en documentos oficiales. En una versión inicial de su hoja de vida no figuraba un título profesional que cumpliera con las exigencias del cargo; posteriormente, aparece registrada como contadora pública, lo que enciende las alertas sobre la validez de ese soporte.
El caso se concentra en dos títulos expedidos por la Fundación de Educación Superior San José: uno como tecnóloga en gestión contable y tributaria y otro como profesional en contaduría pública. Ambos documentos pasan a ser objeto de verificación.
Tras una revisión interna, la propia institución decide anular los dos títulos. La Fundación San José informa que no encuentra registros verificables de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones que respalden la obtención de esos diplomas, lo que la lleva a concluir que no se cumplen los requisitos exigidos para el grado.
Uno de los puntos más sensibles es el relacionado con el examen Saber Pro, requisito obligatorio para este tipo de programas, así como la falta de trazabilidad del proceso académico que debe sustentar la expedición de los títulos.
La anulación de los diplomas no cierra el caso. Por el contrario, abre varias líneas de actuación institucional. El Ministerio de Educación abre actuaciones administrativas para establecer posibles irregularidades en la expedición de títulos, mientras la Procuraduría solicita información sobre lo ocurrido en el marco de sus funciones de vigilancia preventiva.
En paralelo, la Fiscalía asume el caso en el ámbito penal. El análisis del ente acusador no se limita a la validez de los títulos, sino al uso que se habría hecho de esos documentos. Según su hipótesis, los diplomas fueron incorporados en trámites oficiales, particularmente en el sistema de información del empleo público (SIGEP), en el contexto de la aspiración de Guerrero a un cargo en el Gobierno.
Ese uso es el que adquiere relevancia penal. En términos generales, la investigación busca establecer si se incorporó información que no correspondería a la realidad en actuaciones ante el Estado, lo que podría configurar delitos como fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
El caso también ha tenido un impacto político sostenido. La representante Jennifer Pedraza es una de las primeras en cuestionar públicamente la validez de los títulos, lo que contribuye a que el tema escale en la agenda pública y active la intervención de distintas entidades.
Con el avance de las indagaciones, la Fiscalía anuncia la intención de imputar cargos dentro de este proceso, lo que marca el paso del caso a una fase formal dentro del sistema penal.
Es importante precisar que la imputación no constituye una declaración de responsabilidad penal. Se trata de una etapa inicial del proceso, en la que la Fiscalía expone los hechos jurídicamente relevantes y los delitos que atribuye, mientras la definición de fondo corresponde a etapas posteriores.
El núcleo del caso, en este punto, es claro: determinar si los títulos utilizados cumplían con los requisitos legales y si su uso en trámites oficiales se dio en condiciones que puedan tener consecuencias penales.