El Consejo de Estado suspendió este jueves, de manera provisional, los efectos de la elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2026-2030.

La medida frena, por ahora, el Acuerdo 011 del 9 de marzo, expedido por el Consejo Superior de la UPC, mientras avanza una demanda de nulidad electoral. No es una anulación definitiva, sino una decisión cautelar mientras el alto tribunal estudia el fondo del caso.

El debate se concentra en los requisitos para ocupar la rectoría. Según el expediente, el cargo exigía acreditar experiencia académica en educación superior no menor a cinco años. Echavarría Gil aportó certificaciones de la UPC y de UPARSISTEM S.A.S.; sin embargo, el Consejo de Estado consideró preliminarmente que esta última no podía contarse, porque corresponde a formación para el trabajo y el desarrollo humano, no a educación superior. Sin ese soporte, el elegido no alcanzaría el tiempo exigido.

El trámite ya venía cargado de controversia política. Juliana Andrea Guerrero Jiménez participó en la sesión del Consejo Superior del 9 de marzo, en la que Echavarría Gil fue elegido rector, como designada del presidente Gustavo Petro ante ese órgano universitario.

La polémica creció semanas después, durante el acto de posesión realizado el 27 de abril en Valledupar. En la verificación del quórum, Guerrero fue presentada como “doctora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, designada del presidente de la República”.

El tratamiento generó reacciones porque Guerrero enfrenta un proceso penal por el caso de sus presuntos títulos universitarios irregulares. La Fiscalía le imputó fraude procesal por documentos académicos que habría usado para aspirar al Viceministerio de Juventudes del Gobierno Petro. Según el ente acusador, no habría asistido a clases, no presentó exámenes ni cumplió con la prueba Saber Pro. Guerrero no aceptó cargos.

El auto no está dirigido contra ella, sino contra la elección de Echavarría Gil. Aun así, su participación en la sesión del 9 de marzo y su aparición posterior en la posesión reforzaron las preguntas sobre la influencia del Gobierno en una universidad pública.

La demanda también cuestionó que la elección se habría hecho en una reunión “exprés”, de ocho minutos, sin discusión sobre los elegibles y sin la participación de varios sectores.

Por ahora, los efectos de la elección quedan suspendidos mientras continúa el proceso judicial. La decisión de fondo sigue pendiente.