Violeta Arango Ramírez, conocida como alias “Violeta”, es procesada por la Fiscalía por su presunta participación en el atentado con explosivos contra el centro comercial Andino en Bogotá, ocurrido el 17 de junio de 2017 y que dejó tres mujeres muertas y varios heridos. Las autoridades la han vinculado al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), organización señalada de ejecutar ese ataque.

Tras su captura, un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por delitos como terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir. Sin embargo, en 2022 fue designada como gestora de paz por el Gobierno en el marco de los acercamientos con el ELN, lo que permitió su salida de prisión mientras ejercía ese rol.

Ahora, el Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías decidió reactivar la medida de aseguramiento intramural que pesaba en su contra. En términos prácticos, vuelve a estar vigente la orden de enviarla a cárcel.

El despacho judicial no solo reanudó la detención preventiva, sino que libró formalmente una nueva orden de captura para que las autoridades procedan a hacerla efectiva.

Además, el juez compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue un posible actuar omisivo de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al considerar que debía tramitar la comunicación de una resolución expedida en enero de 2025 ante las autoridades competentes.

La decisión se adoptó sin recursos, por lo que no admite apelación en esa diligencia y su ejecución es inmediata.

Con esta determinación, alias “Violeta” pierde formalmente la condición que le permitió estar en libertad y su situación jurídica vuelve al punto previo a su designación como gestora de paz: detención preventiva en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso por el atentado del Andino.