La declaración se produce tras la confesión de alias ‘El Viejo’, que señala a la Segunda Marquetalia en la planeación del atentado y vuelve a poner el foco en quién dio la orden.

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El magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, vuelve a escalar tras una afirmación directa de su esposa, María Claudia Tarazona: la orden del crimen habría venido de niveles superiores que, según dijo, incluyen al entonces gobierno venezolano.

La declaración se conoce luego de la confesión de Simeón Pérez, alias ‘El Viejo’, condenado por el asesinato, quien en desarrollo de un preacuerdo con la Fiscalía sostuvo que el encargo habría sido impartido por José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’, integrante de la Segunda Marquetalia.

En entrevista con Minuto60, Tarazona sostuvo que ‘Zarco’ no sería la instancia final dentro de la cadena de mando. “Sabemos que el ‘Zarco’ recibió la orden de más arriba, sabemos que está involucrado el gobierno venezolano”, afirmó.

De acuerdo con lo expuesto, la hipótesis que hoy toma fuerza en el debate apunta a una estructura jerárquica.

Una orden que descendería desde niveles superiores, pasaría por mandos de la Segunda Marquetalia —entre ellos ‘Zarco’— y llegaría a los ejecutores materiales ya judicializados.

La confesión de alias ‘El Viejo’, contenida en un interrogatorio de decenas de páginas, detalla reuniones, coordinaciones y roles dentro de la operación criminal, y constituye el principal insumo con el que hoy trabajan los investigadores para reconstruir la autoría intelectual del magnicidio.

En ese contexto, Tarazona también cuestionó el hecho de que ‘Zarco Aldinever’ hubiera sido designado como “gestor de paz” en el marco de la política de “paz total”, señalando lo que calificó como el resultado de una “falsa paz” que, en su criterio, permitió la consolidación de estructuras armadas dedicadas a economías ilegales.

Las declaraciones de la familia introducen así un nuevo elemento de presión sobre el proceso: no solo identificar a quienes ejecutaron el crimen, sino establecer la cadena completa de mando detrás del atentado.

Por ahora, el caso permanece abierto, sin una conclusión definitiva sobre quién dio la orden, mientras el debate ya se traslada del expediente judicial al terreno político.