El exmandatario quedó detenido en su residencia de Asunción, por orden de la Fiscalía, después de que el Senado lo destituyera mediante juicio político. La crisis comenzó con la resolución de Ueno Bank, entidad vinculada a su pasado empresarial y receptora de millonarios depósitos públicos.
Por: Redacción Infocronos
De anunciar su renuncia a quedar bajo custodia policial. En apenas dos días, Santiago Peña pasó de ocupar la Presidencia de Paraguay a ser destituido mediante juicio político y detenido en su domicilio de Asunción. La decisión de la Fiscalía, ejecutada este viernes 6 de noviembre, abrió un nuevo capítulo de la crisis desencadenada por Ueno Bank, cuya situación financiera puso bajo cuestionamiento la administración de recursos públicos y los vínculos entre el poder político y el sector bancario.
La Policía Nacional confirmó la ejecución de la orden de detención, mientras Pedro Alliana, hasta hace unas horas vicepresidente, asumió la jefatura del Estado para completar el período constitucional hasta agosto de 2028.
La orden de detención contra Santiago Peña
El Ministerio Público dispuso la detención de Peña y de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, mediante la Resolución Fiscal N.º 7 del 6 de noviembre de 2026.
La medida fue comunicada a la Policía Nacional a través de la Nota N.º 97, dentro de la causa penal N.º 92/2026, relacionada con presunta lesión de confianza y otros hechos punibles.
El documento identifica como intervinientes a los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez.
La disposición establece que Peña debe permanecer detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público. Para Carvallo, ordena su detención en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía.
La fiscal González Vester confirmó ante la prensa que Peña se encontraba en su residencia y quedó a disposición de las autoridades.
La detención constituye una actuación dentro de una investigación penal. No equivale a una condena ni debe confundirse con una medida judicial de prisión preventiva.
¿Qué ocurrió con Ueno Bank y por qué estalló la crisis?
El origen inmediato del escándalo se remonta al pasado martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.
La decisión afectó a una entidad que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, en un país de alrededor de 6,1 millones de habitantes.
Las restricciones de acceso a depósitos y otros servicios financieros provocaron preocupación entre los ahorradores y manifestaciones para exigir la devolución de los recursos.
Pero la crisis adquirió una dimensión política por la participación de instituciones estatales entre los depositantes.
Durante el Gobierno de Peña, Ueno Bank recibió más de 800 millones de dólares en depósitos de organismos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar prestaciones de salud y pensiones.
Entre las operaciones cuestionadas figura un depósito de aproximadamente 355 millones de dólares de fondos previsionales, cuya adecuación a los límites legales fue puesta en duda.
La controversia exige distinguir entre los recursos depositados, las cantidades temporalmente inmovilizadas y las eventuales pérdidas. No son cifras equivalentes.
Durante el juicio político, legisladores denunciaron pérdidas cercanas a 1.200 millones de dólares. Esa cantidad corresponde a un señalamiento formulado por los acusadores y no debe presentarse como una pérdida definitivamente establecida.
Los vínculos empresariales y las sospechas sobre la supervisión financiera
La situación de Peña se agravó por su antigua participación accionaria en Ueno Holding, grupo empresarial vinculado al banco.
En su declaración patrimonial de 2023 figuraban acciones por aproximadamente 6.144 millones de guaraníes. Peña vendió esa participación en 2025.
Otro elemento cuestionado fue el nombramiento de Carlos Carvallo, antiguo directivo de Ueno, como presidente del Banco Central, autoridad encargada de supervisar el sistema financiero paraguayo.
Estos antecedentes suscitaron interrogantes sobre posibles conflictos de intereses, decisiones regulatorias y el manejo de depósitos estatales.
Las investigaciones buscan determinar si existieron actuaciones irregulares que favorecieron a la entidad y si funcionarios públicos o particulares incurrieron en conductas penalmente relevantes.
La existencia de vínculos empresariales anteriores no demuestra, por sí sola, responsabilidad penal. Peña ha negado haber cometido irregularidades.
¿Por qué Peña fue destituido si ya había anunciado su renuncia?
El jueves 5 de noviembre, en medio de las protestas y del deterioro de su respaldo político, Peña anunció su decisión de renunciar a la Presidencia.
Sin embargo, el Congreso no llegó a pronunciarse sobre la dimisión debido a la falta de quorum. Por tanto, el anuncio no produjo automáticamente su separación del cargo.
El procedimiento de juicio político continuó y este viernes 6 de noviembre el Senado resolvió destituirlo por mal desempeño de sus funciones, con el voto favorable de los 44 senadores presentes.
La decisión se adoptó conforme al artículo 225 de la Constitución paraguaya, que regula el juicio político contra el presidente y otras altas autoridades.
La destitución tiene naturaleza constitucional y política. No constituye una sentencia penal.
Una consecuencia jurídica de la destitución
El artículo 189 de la Constitución del Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente adquieren la condición de senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y hallados responsables.
En consecuencia, Peña quedó excluido de esa condición, que conlleva fueros parlamentarios.
Esta diferencia resulta relevante porque su salida mediante destitución produjo efectos constitucionales distintos de los que habría tenido una renuncia aceptada.
No obstante, la pérdida de esa condición no demuestra responsabilidad penal ni sustituye las garantías del proceso judicial.
Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay
Tras la destitución, Pedro Alliana, quien ejercía la Vicepresidencia, asumió la Presidencia de la República.
La sucesión se produjo conforme al artículo 234 de la Constitución, que establece el reemplazo del presidente por el vicepresidente ante una vacancia definitiva.
Alliana deberá completar el mandato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028. La destitución no implica, por sí misma, la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas.
¿Qué sigue para Santiago Peña y la investigación?
El Ministerio Público deberá continuar las diligencias encaminadas a esclarecer las operaciones financieras cuestionadas, la administración de recursos públicos y las posibles responsabilidades individuales.
La situación procesal de Peña dependerá de las actuaciones fiscales y de las decisiones que correspondan al órgano judicial competente, con observancia de sus derechos y garantías.
Entretanto, las autoridades financieras enfrentan el desafío de proteger los depósitos y gestionar las consecuencias de la resolución de Ueno Bank.
La crisis deja abiertas preguntas fundamentales sobre la supervisión del sistema bancario, la administración de fondos estatales y las relaciones entre funcionarios públicos y entidades financieras.
Su esclarecimiento dependerá de las investigaciones y de las decisiones de las autoridades competentes, no únicamente de las acusaciones políticas que acompañaron la salida del mandatario.
Imagen de portada generada con fines ilustrativos.