El Gobierno radicó el Proyecto de Ley 477 de 2026 para enfrentar la crisis fiscal heredada de la administración Petro. La iniciativa contempla recortes en contratación y personal, modificaciones en renta e IVA, ajustes en los aportes a salud e incentivos a la inversión. Hacienda anuncia una reducción del tamaño del Estado del 15 %, frente al 40 % prometido en campaña.

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Por: Redacción Infocronos

El presidente Abelardo De La Espriella llegó al Gobierno con dos compromisos económicos centrales: reducir el tamaño del Estado un 40 % y no aumentar los impuestos. Sin embargo, el proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado el jueves 29 de octubre ante la Cámara de Representantes, plantea una reducción estatal del 15 %, según el Ministerio de Hacienda, e incorpora modificaciones tributarias que podrían elevar las obligaciones de determinados contribuyentes. La iniciativa abre así un debate sobre la necesidad de corregir el deterioro fiscal heredado de la administración de Gustavo Petro y las diferencias entre las promesas presidenciales y las medidas propuestas.

El Proyecto de Ley 477 de 2026, presentado por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, busca estabilizar las finanzas públicas mediante la reducción del gasto, la obtención de ingresos adicionales y la promoción de la inversión. La propuesta combina medidas de austeridad administrativa, modificaciones tributarias y estímulos para la actividad empresarial.

Reducción del Estado: contratos, personal y reorganización administrativa

Uno de los principales componentes de la iniciativa es el ajuste de los gastos de funcionamiento del Gobierno nacional.

El proyecto contempla una reducción del 50 % en el costo de determinados contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante 2027, tomando como referencia el año anterior.

Para 2028, propone disminuir un 20 % los gastos de personal de las entidades comprendidas en el Presupuesto General de la Nación, con las excepciones previstas en el articulado.

A estas disposiciones se suma la posibilidad de reorganizar entidades de la administración nacional para racionalizar su estructura y reducir costos de funcionamiento.

Los porcentajes de reducción de contratos y gastos de personal corresponden a rubros específicos. Por tanto, no significan que el presupuesto nacional o el conjunto del Estado se reduzcan en esas mismas proporciones.

Del 40 % prometido al 15 % anunciado por Hacienda

Durante la campaña presidencial, De La Espriella prometió reducir el tamaño del Estado un 40 %. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda sostiene que la Ley de Rescate Económico permitiría disminuirlo un 15 %.

La diferencia plantea un interrogante que requiere una explicación técnica: ¿qué variables se utilizaron para calcular ambos porcentajes?

La información ministerial presentada no precisa la metodología que sustenta el 15 % ni aclara si corresponde al mismo indicador al que se refería el compromiso electoral.

Sin esa información, no es posible establecer una comparación cuantitativa concluyente entre ambas cifras. Lo que sí puede constatarse es que el porcentaje anunciado por Hacienda es inferior al prometido durante la campaña.

Impuesto de renta: cambios que podrían afectar a más contribuyentes

Aunque el Ejecutivo presenta la reducción del gasto como uno de los objetivos de su estrategia fiscal, el proyecto también incorpora medidas para modificar el recaudo tributario.

En el impuesto de renta de las personas naturales, propone ajustar los rangos de tributación y determinadas condiciones aplicables a los contribuyentes.

Entre los cambios planteados figura una tarifa marginal del 9 % a partir de una renta líquida gravable superior a 720 UVT anuales, frente al umbral de 1.090 UVT utilizado como referencia en el esquema vigente.

La modificación podría ampliar el número de personas sujetas al impuesto o incrementar las obligaciones de determinados contribuyentes, dependiendo de sus ingresos, deducciones y condiciones particulares.

Es importante distinguir entre los ingresos que recibe una persona y su renta líquida gravable, pues no son conceptos equivalentes para determinar el impuesto.

IVA: productos que podrían pasar de la tarifa reducida al 19 %

Otro de los puntos que ha despertado discusión es la modificación del tratamiento tributario de determinados bienes de consumo.

La iniciativa contempla que algunos productos actualmente gravados con una tarifa reducida del IVA del 5 % pasen a la tarifa general del 19 % a partir de 2028.

Entre los bienes señalados se encuentran el café, el azúcar y determinados alimentos, cuyo tratamiento dependería de la clasificación tributaria prevista en el articulado.

Esto no significa que todos los productos de la canasta familiar pasarían a pagar el 19 %. El alcance de la modificación dependerá de los bienes incluidos y de las disposiciones que finalmente apruebe el Congreso.

De aprobarse, la medida podría encarecer determinados productos, aunque su impacto sobre los consumidores dependería también del comportamiento de los precios.

Aportes a salud: ajustes según los ingresos

El proyecto también plantea modificaciones en los aportes al sistema de salud.

Para determinados trabajadores dependientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos, contempla porcentajes de contribución diferenciados según su nivel salarial.

En el caso de los trabajadores independientes, también propone tarifas que variarían de acuerdo con sus ingresos.

Según el esquema presentado, los porcentajes contemplados se sitúan entre el 5,5 % y el 8 % para determinados trabajadores dependientes, mientras que para independientes oscilan entre el 12,5 % y el 15,5 %.

El efecto económico no sería igual para todos los aportantes, pues dependería de sus ingresos, modalidad de vinculación y las reglas que finalmente se adopten.

Devolución del IVA: el mecanismo EfectIVA

Como parte de las medidas de compensación, el Gobierno propone ampliar las devoluciones del impuesto al valor agregado mediante el mecanismo EfectIVA.

La iniciativa contempla devoluciones totales o parciales del IVA para determinados grupos de la población, de acuerdo con su clasificación socioeconómica.

Los porcentajes previstos serían del 100 %, 50 %, 40 % o 30 %, con un límite mensual de hasta 5,5 UVT.

El mecanismo busca compensar parte de la carga tributaria que soportan los consumidores, especialmente aquellos con menores ingresos.

Su alcance efectivo dependerá de los requisitos de acceso, la identificación de beneficiarios, los límites establecidos y las condiciones de implementación.

Menor impuesto de renta empresarial e incentivos para atraer inversiones

En contraste con algunos de los ajustes previstos para personas naturales, el proyecto propone reducir gradualmente la tarifa general del impuesto de renta empresarial.

La tasa pasaría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. Algunas entidades financieras y aseguradoras estarían sujetas a disposiciones especiales.

La iniciativa también contempla incentivos para nuevas inversiones mediante un régimen que permitiría acceder a tarifas preferenciales del 20 % o del 26 %, según las condiciones y el momento de ejecución de los proyectos.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca mejorar las condiciones para invertir, atraer capitales y estimular la actividad económica.

Sin embargo, la generación efectiva de nuevas inversiones y empleos dependerá tanto de las reglas aprobadas como de las condiciones económicas generales del país.

¿Quién asumiría el esfuerzo fiscal?

La propuesta combina medidas que afectarían de manera diferente al Estado, los hogares y las empresas.

La administración nacional tendría que ajustar determinados gastos de contratación y personal. Algunos contribuyentes podrían enfrentar mayores obligaciones tributarias o de cotización, mientras que otros accederían a devoluciones del IVA.

Por su parte, las empresas podrían beneficiarse de menores tarifas de renta e incentivos para nuevas inversiones, aunque también tendrían que considerar las demás modificaciones previstas en el articulado.

La discusión económica de fondo consiste en determinar si esta combinación permitiría estabilizar las finanzas nacionales sin imponer cargas desproporcionadas a determinados hogares y sectores productivos.

El resultado dependerá no solo de los porcentajes anunciados, sino también de la distribución efectiva del ajuste y de la capacidad del Gobierno para ejecutar los recortes de gasto propuestos.

¿Cuántos debates deberá superar el proyecto?

La Ley de Rescate Económico fue radicada como Proyecto de Ley 477 de 2026 y se encuentra en trámite en comisión.

Al tratarse de una ley ordinaria, su procedimiento habitual contempla cuatro debates legislativos: uno en comisión y otro en plenaria de la Cámara de Representantes, y el mismo trámite en el Senado.

Si se aplica el mecanismo constitucional de urgencia, las comisiones correspondientes de ambas cámaras podrán estudiar conjuntamente la iniciativa.

Durante su discusión, los congresistas podrán proponer modificaciones al articulado. Si Senado y Cámara aprueban textos diferentes, deberá adelantarse el procedimiento de conciliación correspondiente antes de su eventual sanción presidencial.

En consecuencia, las medidas anunciadas todavía son propuestas y no deben presentarse como disposiciones que ya se encuentran vigentes.

El desafío fiscal y las promesas de campaña

La Ley de Rescate Económico llega al Congreso en un contexto de dificultades fiscales que el Gobierno busca enfrentar mediante recortes de gasto, modificaciones tributarias e incentivos a la inversión.

El deterioro de las finanzas públicas heredado de la administración Petro constituye parte del contexto económico en el que se presenta la iniciativa. Sin embargo, la gravedad de esa situación ya era ampliamente conocida antes de las elecciones presidenciales.

Por ello, la necesidad de adoptar medidas para estabilizar las cuentas del Estado no elimina el debate sobre la correspondencia entre los compromisos asumidos durante la campaña y las decisiones propuestas desde el Gobierno.

La discusión legislativa deberá esclarecer tanto el impacto de las medidas sobre los contribuyentes como su capacidad real para reducir el gasto, promover la inversión y mejorar las finanzas nacionales.

También queda pendiente una explicación oficial que permita establecer cómo se relaciona la reducción del Estado del 15 % anunciada por Hacienda con el compromiso electoral del 40 %.

Imagen de portada generada con fines ilustrativos.