El dato, entregado al representante Simón Molina, se suma al cierre de mesas de diálogo, la revocatoria de representantes, el fin de mecanismos de ubicación y la reactivación de extradiciones que el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha adelantado desde agosto
Por: Redacción Infocronos
El desmonte de varios de los principales instrumentos con los que funcionó la denominada “Paz Total” durante el Gobierno de Gustavo Petro sigue produciendo efectos jurídicos. Una respuesta de la Fiscalía General de la Nación conocida este 6 de octubre reveló que 205 personas vinculadas a grupos armados organizados y estructuras armadas de crimen de alto impacto fueron cobijadas por decisiones de suspensión temporal de órdenes de captura y que actualmente ninguna conserva vigente esa medida derivada de los procesos de diálogo.
La información fue entregada al representante a la Cámara Simón Molina, de Creemos, quien había solicitado mediante derecho de petición un balance sobre las suspensiones concedidas bajo el marco de la Ley 2272 de 2022.
La Fiscalía explicó que las decisiones se adoptaron a partir de las designaciones realizadas por el Gobierno nacional dentro de los procesos de negociación y acercamiento. El escenario cambió después de que la administración de Abelardo De La Espriella terminara esos espacios y revocara la calidad de miembros representantes que servía de fundamento para mantener las suspensiones.
Molina afirmó que “hoy están reactivadas todas las órdenes de captura”. La certificación de la Fiscalía permite hacer una precisión necesaria. Lo que el ente investigador confirma expresamente es que ya no existe ninguna persona con suspensión temporal vigente derivada de aquellas designaciones.
El cierre de las mesas comenzó en agosto
El dato de las 205 personas no corresponde a una decisión aislada. El 30 de agosto, De La Espriella anunció nueve resoluciones para terminar tres procesos de diálogo con estructuras vinculadas a alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los actos también dejaron sin efecto reconocimientos y designaciones de representantes, voceros y negociadores.
El proceso continuó durante septiembre. El Gobierno expidió actos para revocar representantes en espacios con el ELN y el denominado Ejército Gaitanista de Colombia, además de terminar la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
El 11 de septiembre, la Presidencia informó que habían quedado finalizados todos los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior que, según el Ejecutivo, no habían mostrado avances concretos en paz, desarme o sometimiento a la justicia. La decisión comprendió procesos con estructuras disidentes de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Comuneros del Sur y el ELN.
Extradiciones que habían permanecido suspendidas
Otro frente del cambio ocurrió con las extradiciones. El 26 de agosto, De La Espriella autorizó la entrega a Estados Unidos de cinco personas cuyas extradiciones habían sido aprobadas desde 2025, pero permanecían suspendidas por su participación en procesos impulsados durante la administración Petro.
Entre ellas estaban alias El Mocho Olmedo, Muñeca y Araña. La Presidencia informó entonces que las resoluciones que habían suspendido sus extradiciones condicionaban ese beneficio a sus aportes a los procesos de paz.
De la negociación al sometimiento
El cambio no se ha limitado a cerrar estructuras administrativas. El Gobierno definió una nueva línea frente a las organizaciones criminales. De La Espriella ha sostenido que quienes pretendan abandonar la violencia deberán hacerlo mediante sometimiento a la justicia y dentro de la Constitución y la ley, mientras quienes continúen delinquiendo enfrentarán la actuación de la Fuerza Pública y de las autoridades judiciales.
El 4 de septiembre, el Presidente comunicó que había expedido los actos administrativos para terminar las mesas y conversaciones sociojurídicas creadas durante la administración anterior y ordenó a las autoridades competentes proceder con las capturas a que hubiera lugar y avanzar en las extradiciones pendientes.
El desmonte, no obstante, todavía no equivale a la desaparición completa del marco legal de la “Paz Total”. La Ley 2272 de 2022 continúa vigente. En el Congreso cursa, entre otras iniciativas, el Proyecto de Ley 040 de 2026, presentado por Simón Molina, que busca modificar y derogar disposiciones de esa norma relacionadas con la suspensión de medidas judiciales frente a estructuras de crimen de alto impacto.
Mientras esa discusión corresponde al Legislativo, el Ejecutivo ya ha eliminado o terminado varios de los mecanismos mediante los cuales se desarrolló la política de Petro. La respuesta de la Fiscalía sobre las 205 personas muestra ahora uno de sus efectos concretos en el terreno judicial.
Imagen de portada generada con fines ilustrativos.