En entrevista con Infocronos, Ricardo Ruiz examinó la denominada “prueba matemática” difundida por Gustavo Petro, la afirmación de Gustavo Bolívar sobre municipios con “más votantes que habitantes” y explicó qué tipo de evidencia sería necesaria para sostener que una elección presidencial fue manipulada.
Por: Redacción Infocronos
Las acusaciones de supuesto fraude que el presidente Gustavo Petro y Gustavo Bolívar han formulado alrededor de la segunda vuelta presidencial de 2026 incluyen cifras, patrones entre mesas de votación y comparaciones entre población y censo electoral que, vistas aisladamente, pueden parecer anómalas. La pregunta central, sin embargo, es otra. ¿Esos elementos demuestran que el resultado de la elección fue alterado?
Infocronos entrevistó al politólogo, magíster en Políticas Públicas y experto en datos Ricardo Ruiz, quien ha estudiado el comportamiento electoral colombiano y respondió públicamente a varios de los argumentos difundidos por Petro y Bolívar. Su análisis parte de una distinción fundamental. Una cosa son los cuestionamientos que puedan existir sobre determinados componentes del sistema electoral y otra, muy distinta, demostrar que hubo una manipulación capaz de alterar el resultado de la elección.
“Los comicios electorales, tanto de primera como de segunda vuelta, presentan una alta fiabilidad”, afirmó Ruiz. El experto reconoció que existen discusiones pendientes sobre asuntos como el código fuente de los sistemas electorales y aspectos jurídicos relacionados con la contratación del proceso. Sin embargo, advirtió que esos debates no constituyen, por sí mismos, evidencia de que los votos hayan sido modificados.
El “patrón matemático” señalado por Petro
Uno de los principales argumentos difundidos por Petro parte de un comportamiento observado dentro de numerosos puestos de votación. Las primeras mesas tienden a favorecer a Abelardo De La Espriella y las últimas, a Iván Cepeda. El mandatario afirmó que este fenómeno podía producirse estadísticamente en 82 puestos, pero no en cerca de 1.350, y sostuvo que existía “un patrón matemático en la votación y no un comportamiento humano”.
Ruiz no niega la existencia del patrón. Lo que cuestiona es que su sola aparición permita concluir que hubo fraude. “La organización de la votación no es azarosa”, explicó en entrevista con Infocronos.
Según Ruiz, la distribución histórica de buena parte de los ciudadanos entre las mesas está relacionada con el número de cédula. En numerosos puestos esto produce una composición demográfica desigual entre las primeras y las últimas mesas. Los números de cédula más antiguos tienden a corresponder a personas de mayor edad, mientras los números posteriores se concentran en generaciones más jóvenes. Los movimientos e inscripciones posteriores del puesto de votación introducen variaciones, pero no eliminan por completo esa estructura.
Ruiz utilizó información de la Registraduría sobre la composición de las mesas para mostrar la magnitud de esa diferencia. En los datos que publicó, las primeras mesas tenían 2,3 % de votantes entre 18 y 30 años y 64,9 % mayores de 56. En las últimas, el 72,4 % correspondía al grupo más joven y apenas el 0,8 % a mayores de 56.
Esa estructura adquiere relevancia al compararla con el comportamiento electoral de 2026. Según el análisis de Ruiz, la segunda vuelta mostró una marcada división por edades, con una mayor inclinación de los jóvenes hacia Cepeda y de los adultos mayores hacia De La Espriella. Por eso sostiene que aplicar una prueba estadística que presuponga una distribución aleatoria entre mesas puede hacer parecer extraordinario un comportamiento que tiene una explicación previa en la composición de los electores.
“Si fuera azarosa la distribución de personas en cualquier mesa y en cualquier puesto de votación, si tiene un comportamiento lineal, sí sería sospechoso, pero como la organización no es azarosa, es perfectamente normal que suceda”, explicó.
El mismo patrón también apareció cuando Petro ganó
Ruiz hizo una segunda comprobación. Aplicó el mismo test utilizado para señalar el supuesto comportamiento anómalo a elecciones presidenciales anteriores. Según los cálculos que publicó, el fenómeno aparece en 2018, 2022 y 2026. En su análisis, incluso fue ligeramente más marcado en 2022, cuando Gustavo Petro ganó la Presidencia.
Para 2026, registró 1.617 puestos con esos “bloques” entre 2.821 revisados. Para 2022 encontró 1.393 entre 2.269 y para 2018, 1.311 entre 2.317.
El razonamiento es relevante porque somete el indicador al mismo criterio en tres elecciones diferentes. Si la existencia de ese patrón constituyera por sí sola una prueba de fraude en 2026, tendría que considerarse de igual manera cuando apareció en las elecciones anteriores.
Ruiz realizó además otro ejercicio utilizando una característica que existía antes de que se depositara un solo voto, la edad de las personas asignadas a las mesas. Al aplicar el mismo tipo de prueba, aseguró haber encontrado el denominado “patrón imposible” en 4.104 de los 4.292 puestos estudiados, equivalentes al 95,6 %.
Para Ruiz, el resultado refuerza su explicación. El test estaría detectando principalmente una estructura previa en la distribución de las personas entre las mesas y no, por ese solo hecho, una intervención posterior sobre sus votos.
El caso del Colegio Maximino Poitiers
Uno de los ejemplos utilizados en la controversia fue el puesto del Colegio Maximino Poitiers, en Suba, Bogotá, donde las primeras mesas favorecieron a De La Espriella y las posteriores a Cepeda. Ruiz buscó la composición por edades que tenía ese mismo puesto en 2022 y encontró que las diferencias entre sus mesas ya eran marcadas cuatro años antes de la elección cuestionada.
En los datos que publicó, la mesa 1 tenía apenas 1,5 % de votantes entre 18 y 30 años y 50,8 % mayores de 56. En la mesa 6, en cambio, el 99 % correspondía al grupo de 18 a 30 años y no aparecían mayores de 56.
Su conclusión es que dos mesas instaladas dentro del mismo colegio pueden producir resultados electorales muy diferentes porque tampoco están compuestas necesariamente por poblaciones equivalentes. El corte generacional, sostiene, no apareció después de conocerse los votos de 2026. La estructura demográfica entre esas mesas ya podía observarse años antes.
La tesis de “más votantes que habitantes”
El segundo argumento que Infocronos examinó con Ruiz fue el difundido por Gustavo Bolívar. Bolívar afirmó que existían 95 municipios con “más votantes que habitantes”, 150 con un censo electoral superior al 95 % de su población y 256 con uno superior al 90 %. Después se refirió a “estos 505 municipios” y señaló que en ellos De La Espriella aventajó a Cepeda por 751.156 votos.
Hay dos problemas diferentes en esa construcción. El primero es aritmético. Las tres cifras publicadas por Bolívar suman 501, no 505. Pero existe una dificultad más importante. Los tres grupos no son independientes y, por tanto, tampoco pueden sumarse como si correspondieran a municipios distintos.
Un municipio cuyo censo electoral equivale al 105 % de su población también pertenece necesariamente a las categorías superiores al 95 % y al 90 %. El mismo municipio puede quedar contado hasta tres veces. Según los cálculos publicados por Ruiz utilizando la proyección poblacional del DANE para 2025, el universo sería de 277 municipios con un censo superior al 90 % de la población proyectada, de los cuales 110 estarían por encima del 100 %.
La segunda precisión está en lo que realmente significan las variables comparadas. “Una cosa es la tabla demográfica, que te dice dónde vives tú, básicamente, y otra, dónde votas tú”, explicó Ruiz a Infocronos.
El censo electoral registra ciudadanos habilitados para votar en determinado lugar. Una proyección poblacional del DANE busca estimar cuántas personas residen allí. Es perfectamente posible que alguien haya salido de su municipio para estudiar, trabajar o residir en otra ciudad y mantenga su inscripción electoral en el lugar de origen.
Por esa razón, que el número de inscritos supere la población proyectada no significa que hayan votado más personas que habitantes. Mucho menos permite concluir automáticamente que la diferencia corresponda a votos fraudulentos.
Incluso llevando el argumento al extremo no alcanzaría para cambiar el resultado
Ruiz hizo un ejercicio adicional para medir la magnitud máxima que podría alcanzar el argumento del censo. Según sus cálculos, en los 110 municipios en los que el censo electoral supera la población proyectada, la diferencia acumulada entre ambas cifras asciende a 87.286 registros.
Esa cifra no representa votos irregulares. Es simplemente el resultado de restar la población proyectada al número de ciudadanos inscritos en esos municipios. Ruiz llevó deliberadamente la hipótesis a un escenario extremo. Supuso, solo para efectos del ejercicio, que cada uno de esos 87.286 registros fuera irregular, que todos hubieran votado y que todos lo hubieran hecho por el mismo candidato.
Ni siquiera bajo esas tres suposiciones simultáneas la cifra alcanzaría los 250.830 votos que separaron a ambos candidatos en el preconteo nacional de la segunda vuelta.
La precisión es fundamental. Ruiz no está afirmando que existan 87.286 cédulas falsas, tampoco que esos registros hayan sufragado ni que exista una irregularidad electoral equivalente a esa cantidad. El cálculo busca únicamente determinar si, llevando la hipótesis planteada alrededor del censo hasta su escenario matemáticamente más extremo, tendría la magnitud suficiente para modificar al ganador.
¿Y el denominado “voto fusil”?
El análisis de Ruiz tampoco parte de que cualquier comportamiento electoral extraño deba descartarse. De hecho, él mismo ha investigado el denominado “voto fusil” e identificó casos que considera merecedores de revisión.
La metodología, según explicó a Infocronos, es distinta. Ruiz buscó lugares en los que coincidieran varias condiciones. Que el candidato de derecha hubiera reducido su votación absoluta entre primera y segunda vuelta, un comportamiento poco frecuente en el contexto nacional. Que simultáneamente aumentara la votación de Cepeda. Y que existieran denuncias específicas y territorialmente cercanas sobre presiones de grupos armados relacionadas con el ejercicio electoral.
En su análisis menciona zonas de Cauca y Nariño en las que encontró esa combinación. La diferencia metodológica es central. No se limita a observar una forma extraña en una tabla o un gráfico, sino que busca además evidencia externa y territorial que pueda aportar una explicación al comportamiento estadístico.
Ruiz reconoce que podrían estudiarse otras formas de presión sobre los electores y que su análisis no pretende abarcar todas las modalidades posibles. Por eso distingue entre una señal estadística, una posible coacción localizada y una operación de fraude nacional con capacidad suficiente para modificar el resultado presidencial.
Una tachadura en un E-14 no demuestra por sí sola fraude
Cuando se le preguntó qué tipo de evidencia permitiría sostener técnicamente que una elección fue manipulada, Ruiz insistió en la necesidad de trazabilidad. Durante la entrevista mencionó la importancia de verificar el manejo de los datos, los mecanismos técnicos utilizados para comprobar su integridad y la correspondencia entre los documentos producidos durante las distintas etapas del proceso.
También señaló una de las verificaciones más concretas. “En comparar el E-14 que firman los jurados contra lo que quedó registrado”, escribió en una de sus publicaciones.
Esa afirmación requiere una precisión especialmente importante ante la cantidad de imágenes de formularios E-14 con tachaduras, borrones o correcciones que han circulado en redes sociales. La existencia de una tachadura o una enmendadura no demuestra, por sí sola, que se hayan agregado, quitado o transferido votos.
El procedimiento de escrutinio contempla expresamente esos casos. La cartilla oficial para las comisiones escrutadoras de la segunda vuelta establece que, si un formulario E-14 presenta tachaduras, enmendaduras o borrones, debe dejarse constancia y procederse al recuento de votos. Los testigos y apoderados también pueden formular reclamaciones y las decisiones pueden ser objeto de apelación.
Lo que tendría valor para acreditar una alteración no sería simplemente mostrar una fotografía de un formulario corregido, sino establecer una discrepancia injustificada entre los documentos electorales, reconstruir cómo se produjo, determinar si fue subsanada durante el escrutinio y establecer finalmente su impacto sobre el resultado.
Los mecanismos tecnológicos también dejan trazabilidad
Ruiz mencionó además la importancia de los códigos hash. Un hash funciona como una huella digital de un archivo o software. Si el contenido cambia, también cambia esa huella, lo que permite verificar si la versión utilizada corresponde a la que había sido previamente auditada.
Para las presidenciales de 2026, los códigos fuente y ejecutables de los sistemas de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados y digitalización de formularios E-14 fueron sometidos a un procedimiento de registro y custodia. A los archivos se les generaron códigos hash precisamente para comprobar posteriormente su integridad.
Esto tampoco significa que cualquier componente del sistema electoral sea incuestionable. Significa que una acusación específica de manipulación tecnológica debe poder confrontarse con mecanismos técnicos diseñados precisamente para dejar trazabilidad.
Una auditoría internacional tampoco encontró evidencia de manipulación sistemática
Las conclusiones de Ruiz no son el único elemento disponible para evaluar la tesis de una alteración generalizada de la segunda vuelta. El proceso electoral de 2026 fue sometido a una auditoría externa internacional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, IIDH/CAPEL.
La Registraduría tiene publicados los informes correspondientes a la jornada electoral y al cierre poselectoral de la segunda vuelta. En su informe final, CAPEL examinó diez componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales, entre ellos jurados de votación, kit electoral, biometría, preconteo y comunicaciones, escrutinio, formularios E-14 y actas E-11, así como los procesos de consolidación y divulgación de resultados.
Según el boletín 138 divulgado el 4 de agosto por la Registraduría sobre las conclusiones del informe, el análisis forense de los datos encontró consistencia, integridad y coherencia estadística y no identificó evidencia de “manipulación, fabricación o alteración sistemática de los datos”. El dictamen también indicó que no se identificaron modificaciones no autorizadas ni afectaciones a la integridad de la información en los componentes tecnológicos evaluados.
El alcance de esa conclusión también debe entenderse correctamente. Una auditoría de los sistemas y procedimientos electorales no permite afirmar que sea imposible que haya existido un error particular en una mesa, una reclamación válida, una presión sobre electores en determinado territorio o cualquier otra irregularidad localizada. Sí representa, en cambio, un elemento independiente que hasta ahora tampoco respalda la tesis de una manipulación sistemática capaz de modificar el resultado nacional.
Irregularidad, anomalía y fraude no significan lo mismo
Ese es, finalmente, el punto que atraviesa el análisis de Ruiz. Puede haber preguntas legítimas sobre el censo electoral. Puede haber E-14 que deban revisarse. Puede existir discusión sobre componentes tecnológicos. Puede haber lugares donde un comportamiento estadístico extraordinario justifique investigar posibles presiones sobre los votantes.
Nada de eso debe ignorarse. Pero tampoco puede darse automáticamente el salto entre encontrar una anomalía y afirmar que el resultado presidencial fue fraudulento.
Para sostener esta última conclusión habría que demostrar al menos dónde se produjo la alteración, mediante qué mecanismo, cuáles votos fueron afectados, qué controles fallaron o fueron vulnerados y si la magnitud de esas alteraciones tuvo capacidad real para cambiar el resultado.
Ruiz considera especialmente difícil manipular a escala nacional una elección presidencial por la cantidad de campañas, testigos electorales, documentos, controles, auditorías y actores que siguen simultáneamente el proceso. Eso no equivale a sostener que el sistema sea perfecto o que sus instituciones deban quedar al margen del escrutinio ciudadano.
Su mensaje final apunta precisamente a esa diferencia. “Confiar en las instituciones no es caer en la resignación”, afirmó.
Para Ruiz, los cuestionamientos deben investigarse, los errores deben reclamarse y las decisiones pueden ser controvertidas mediante los mecanismos jurídicos y administrativos correspondientes. Pero una acusación de fraude requiere evidencia capaz de demostrar la alteración y su incidencia sobre el resultado.
“Yo invito a tomar posturas más sensatas y más analíticas a la ciudadanía”, concluyó.
Fotografía de portada suministrada por Ricardo Ruiz | Adaptación visual: Infocronos