El medio estadounidense aseguró que La Mandinga, una explotación ilegal de oro controlada por el Clan del Golfo, se habría extendido hasta terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia. El ministro de Defensa ordenó una investigación inmediata.
Una grave revelación del New York Times puso bajo presión al Ejército de Colombia. Según una investigación publicada por el medio estadounidense, una mina ilegal de oro controlada por el Clan del Golfo habría operado en terrenos de una base militar colombiana, en Caucasia, Antioquia.
La mina, conocida como La Mandinga, funcionaba junto a la sede del Batallón Rifles 31. De acuerdo con el reportaje, los mineros pagaban al Clan del Golfo por el derecho a explotar la zona, una actividad que servía como fuente de financiación para esa estructura criminal.
El New York Times aseguró que verificó la operación con imágenes de dron, registros satelitales y visitas al lugar. La investigación sostiene que, aunque mandos militares negaron inicialmente que hubiera explotación ilegal dentro de la base, los periodistas llegaron al área con el coronel Daniel Echeverry, comandante de la unidad, y encontraron mineros trabajando con mangueras de alta presión en terrenos militares.
Según el relato del medio, al constatar la situación, el coronel ordenó retirar a los mineros y soldados procedieron a destruir parte de los equipos utilizados para la explotación. La escena terminó en tensión, con trabajadores que lanzaron insultos, piedras y amenazas contra los uniformados.
Tras la publicación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que ordenó una “verificación e investigación inmediata” para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes. El funcionario dijo que no se tolerará ninguna relación entre miembros del sector defensa y economías criminales, ni eventuales omisiones en el deber institucional de combatir la minería ilegal.
“Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley”, afirmó Sánchez.
El ministro también sostuvo que este año han sido intervenidas alrededor de 2.500 minas ilegales y destruidas cerca de 1.000 máquinas usadas para extracción ilegal, cifras que, según dijo, representan un aumento superior al 40 % frente al año anterior.
El caso abre serios interrogantes sobre el control territorial del Estado, la capacidad de la Fuerza Pública para frenar economías criminales y la posible existencia de omisiones o fallas internas en una zona donde el Ejército debía ejercer autoridad directa.
La investigación también señala que parte del oro extraído en esas condiciones habría terminado en cadenas legales de comercialización y llegado a Estados Unidos, incluso a la Casa de la Moneda, pese a las restricciones sobre el origen del metal.
La revelación deja al Ejército frente a un nuevo foco de presión pública: explicar cómo una explotación ilegal atribuida al Clan del Golfo pudo operar tan cerca —y, según el New York Times, en terrenos— de una base militar colombiana.
