El candidato presidencial por el grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, radicó este jueves una querella contra David Murcia Guzmán por la presunta comisión de los delitos de injuria y calumnia agravada.
La actuación fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y tiene como origen las declaraciones que Murcia entregó el pasado 12 de febrero en entrevista con el periodista Daniel Coronell, difundida a través de su canal de YouTube bajo el título: “Exclusivo: David Murcia Guzmán acusa de robo a Abelardo de la Espriella | El Reporte Coronell”.
El sustento jurídico de la acción
De acuerdo con un comunicado emitido por su equipo de campaña, en esa entrevista se habrían formulado imputaciones directas de conductas que podrían encuadrarse en delitos como hurto, cohecho, tráfico de influencias y actos de corrupción.
La defensa sostiene que no se trata de opiniones o valoraciones políticas, sino de afirmaciones fácticas concretas sobre la supuesta comisión de delitos. De acreditarse su falsedad, dichas manifestaciones podrían adecuarse típicamente al delito de calumnia (artículo 221 del Código Penal), además de injuria (artículo 220), con la circunstancia de agravación prevista en el artículo 223 cuando la conducta se realiza a través de medios de comunicación social.
En el ordenamiento penal colombiano, la injuria y la calumnia son delitos querellables. Esto implica que requieren querella válida de la víctima como condición de procedibilidad para que la Fiscalía pueda iniciar y adelantar la acción penal.
En su escrito, la defensa solicita la apertura formal de investigación, el recaudo y práctica de elementos materiales probatorios y evidencia física, la conservación del registro audiovisual difundido y la determinación de responsabilidades penales si hay mérito.
Del escenario mediático al penal
El enfrentamiento se produce después de que Murcia —condenado por el caso DMG— reactivara señalamientos públicos contra quien fue su abogado hace casi dos décadas, incluyendo afirmaciones sobre supuestos pagos y presuntas gestiones ante congresistas.
En paralelo, presentó una queja disciplinaria ante la jurisdicción correspondiente, trámite distinto al penal. Con la querella radicada este miércoles, el conflicto pasa ahora al ámbito de la jurisdicción penal ordinaria.
Lo que viene en el proceso
Corresponderá a la Fiscalía verificar la validez formal de la querella y evaluar si procede una audiencia de conciliación, dado el carácter querellable de los delitos invocados. También deberá analizar si las expresiones denunciadas constituyen imputaciones concretas de hechos punibles —elemento estructural de la calumnia— o si se trata de valoraciones amparadas por la libertad de expresión.
El avance del caso dependerá de la configuración de la tipicidad objetiva y subjetiva de las conductas alegadas y de la eventual prosperidad de figuras como la prueba de la verdad, prevista para el delito de calumnia.
El pulso, que comenzó en el terreno mediático, queda ahora en manos del ente acusador.
