La controversia jurídica alrededor de la consulta presidencial de la izquierda quedó en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Mediante la Resolución 889 del 27 de enero, la Registraduría Nacional del Estado Civil le trasladó la inscripción del acuerdo de coalición Frente por la Vida y rechazó la postulación del exalcalde de Medellín Daniel Quintero para participar.
La Registraduría afirmó que aceptar la inscripción de un ciudadano que ya participó en una consulta previa y pretende hacerlo nuevamente por una agrupación política distinta “es contrario a la Constitución y a la ley”. La entidad recordó, además, que de acuerdo con el calendario electoral, el 6 de febrero vence el plazo para la postulación de precandidatos a las consultas presidenciales.
Tras conocerse la decisión, Quintero reaccionó en su cuenta de X señalando que el asunto no está cerrado y que la definición final corresponde al órgano electoral. “La decisión final sobre la inscripción de mi candidatura presidencial la tomará el CNE. Esperamos que sea pronto”, escribió.
Sin embargo, el debate no se limita al caso de Quintero. La inscripción del Frente por la Vida reabrió la discusión sobre la situación jurídica de Iván Cepeda, quien resultó elegido como candidato del Pacto Histórico en la consulta celebrada en octubre de 2025. El punto central es determinar si ese proceso tuvo el carácter de consulta interna o de consulta interpartidista.
La normativa electoral establece que un ciudadano no puede participar en más de una consulta interpartidista dentro del mismo proceso presidencial. En consecuencia, si el CNE concluye que la consulta de octubre fue interpartidista, Cepeda quedaría inhabilitado para competir nuevamente en la consulta del 8 de marzo. Si, por el contrario, se determina que se trató de una consulta interna, su participación podría mantenerse.
En este contexto, la representante a la Cámara Katherine Miranda anunció acciones legales contra la inscripción de Cepeda. “La ley no se tuerce, no se acomoda y no se negocia para favorecer a nadie. En democracia no vale todo, y menos cuando se pretende pasar por encima de las reglas para imponer candidaturas”, escribió la congresista, al confirmar que presentará una demanda contra su postulación.
La decisión que adopte el CNE será determinante no solo para los casos de Cepeda y Quintero, sino también para fijar un precedente sobre el alcance y los límites de las consultas presidenciales dentro del calendario electoral rumbo a las elecciones de mayo de 2026.
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